Menen
En 1991 el Reino Unido convocó unilateralmente licitaciones con el fin de explorar las zonas circundantes, hecho que motivó el rechazo argentino mediante una declaración -que se repetiría en 1992 ante el fracaso de las negociaciones, reafirmando sus derechos soberanos sobre las islas y las aguas circundantes-.
Por su parte nuestro país ofreció en 1993 siete áreas del Mar Argentino próximas a Malvinas para la exploración privada, pero el concurso fue cancelado sin muchas explicaciones. En 1995 las áreas volvieron a ofertarse adjudicándose sólo tres campos -quedando libres los restantes-.
Con estos antecedentes Londres y Buenos Aires firmaron en septiembre de 1995 el Acuerdo de Cooperación Conjunta (Sede de las Naciones Unidas, Nueva York). El tan celebrado convenio petrolero delimitada una zona especial al sudoeste de las Malvinas integrada por aguas argentinas y aguas en disputa, cuya exploración y explotación sería compartida por ambos gobiernos. Ante esto, en octubre de 1995 el gobierno de Malvinas licitó unilateralmente la exploración en siete áreas marítimas al noroeste de las islas (13 mil kilómetros cuadrados aprox.) desconociendo lo acordado por Gran Bretaña y nuestro país.
Pronto la prensa inglesa empezó a hablar del "Kuwait del Atlántico Sur". Ya el embajador en Londres Mario Cámpora -apoyado por el senador Eduardo Menem, y firme opositor a la política de seducción del canciller Di Tella- había prevenido acerca de las consecuencias que la explotación de los recursos por parte de los kelper podía traer. Sostenía la necesidad de bloquear la convocatoria unilateral de los kelpers para prevenir un futuro aluvión de plataformas petroleras del Mar del Norte en caso de encontrar el preciado recurso. La "tesis Cámpora" fundamentó en el Senado a la "ley Eduardo Menem". Dicha ley -sancionada en la Cámara alta antes de que los isleños convocaran a la licitación- hacía pasibles de multas (entre 1 y 15 millones de dólares) y cancelación de contratos a las empresas que exploten los hidrocarburos de las Islas Malvinas sin el permiso argentino. La queja de Londres no se hizo esperar, y pidió la modificación del proyecto de ley, ya que entendía que esa norma trataba de legislar extraterritorialmente, violando así un precepto del Derecho Internacional. Mas, la cancillería tuvo otra estrategia y nuestro país no se interpuso a la convocatoria: en cambio, se presentó a la licitación conformando el consorcio YPF-British Gas (único con capitales argentinos, y única oferta rechazada); la "ley Eduardo Menem" quedó estancada en la Cámara baja a pedido del Poder Ejecutivo (caducando en diciembre de 1997, ante la falta de tratamiento del proyecto durante tres años -1995/1997-). La discusión "le costó el cargo a Cámpora", quien debió mudarse a la embajada argentina en Bélgica. Por su parte, los isleños claramente se adelantaron en la exploración y con entusiasmo prometieron a la corona que, en caso de encontrar petróleo, se harían cargo de los gastos de mantenimiento de la base militar de las islas, y también devolverían al gobierno británico los gastos ocasionados por la guerra en 1982. En tanto que la Comisión Bilateral creada por el acuerdo de Nueva York no pudo ponerle fecha al llamado para licitar la franja de cooperación -10.000 kilómetros cuadrados de la zona económica exclusiva de la Argentina y otra superficie similar cuya soberanía está en disputa-.
Recién en marzo de 1998 llegaría la plataforma petrolera encargada de la exploración en la zona licitada en 1995. Ya habían pasado tres años desde que los isleños tuvieran la iniciativa y la zona bilateralmente convenida continuaba aún sin explorarse. En lo que pareció un cambio en la política exterior el Senado aprobó (el 22 de marzo de 1998) de urgencia, por segunda vez y por unanimidad la "ley Eduardo Menem". Por su parte el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de modificación de la Ley de Hidrocarburos. Originalmente la ley establecía que el Estado debía percibir un 9 por ciento como mínimo de las ganancias obtenidas por las empresas. La modificación buscaba reducir el piso desde el 9% al 3% legitimando así la parte no escrita del acuerdo bilateral de 1995. En aquella oportunidad Argentina y Gran Bretaña habían pactado que nuestro país podría reclamar el 3 por ciento de las regalías en caso de que se encuentre petróleo en la zona. Modificando la Ley de Hidrocarburos el Gobierno sólo sancionaría a las empresas que no paguen el 3 por ciento de las eventuales ganancias. Ante el inicio de las perforaciones la cancillería no presentó una protesta diplomática formal, prefirió emitir una gacetilla de prensa en donde reiteró que la Argentina no aceptaba el pretendido derecho de Gran Bretaña para autorizar actividades petroleras en áreas marítimas que pertenecen a la Argentina. La política de mínima cordialidad continuó. El hecho que los británicos hayan aceptado que la Argentina cobre regalías (3%) en la zona litigiosa era concebido como un buen augurio por parte de nuestra Cancillería, ya que claramente Inglaterra nunca compartiría las británicas regalías del Mar del Norte, pero sí estaba dispuesta a "compartir" las ganancias del sur.
En mayo de 1998 los diputados peronistas aprobaron en una reunión conjunta de las comisiones de Energía y Combustibles, de Recursos Naturales, de Intereses Marítimos y de Relaciones Exteriores la "ley Eduardo Menem" y la modificación de la Ley de Hidrocarburos. En líneas generales las multas oscilaban entre los 50.000 y los 10 millones de pesos, las empresas abonarían al Estado argentino un 3 por ciento sobre la producción de hidrocarburos, en tanto que a las que violen el marco regulatorio se les cancelaría su inscripción en el registro de Constructores de Obra Pública -Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos-, cesando exenciones y facilidades impositivas o previsionales concedidas en nuestro país. Cabe recordar que una de las operadoras era la holandobritánica Shell, aunque la encargada del primer pozo de exploración fue la empresa Amerada Hess, que no tenía inversiones en la Argentina-. Mas, la Casa Rosada pidió por segunda vez a legisladores peronistas congelar en el Congreso el tratamiento del proyecto para calmar al gobierno británico antes de la ansiada visita de Menem a Londres en octubre de 1998 (las petroleras elevaron sus quejas al gobierno de Malvinas, y este transmitió el reclamo al Foreign Office -Cancillería británica-). En tanto la cúpula de la Alianza (por el radicalismo: de la Rúa, Alfonsín y Terragno; y los frepasistas Fernández Meijide y Chacho Álvarez) firmó una declaración donde manifestó su disconformidad desconociendo el acuerdo de cooperación petrolera firmado en Nueva York. A la vez que señalaban la falta de seguridad jurídica a la que se verían sometidas las empresas en caso de que la coalición llegara a la presidencia.
A fines de mayo de 1998 Amerada Hess -petrolera de origen estadounidense- anunció en Londres que había encontrado rastros de petróleo. El anuncio fue importante: por primera vez en la historia se descubría petróleo en la plataforma marina de las Malvinas. Ante esto la negativa por parte de Gran Bretaña para tratar el tema de la soberanía sería previsiblemente más contundente. El mismo canciller había dicho que si se encontraban hidrocarburos los kelpers iban a tener menos ganas de pertenecer a la Argentina. El anuncio elevó el valor de las acciones de Desire Petroleum -una de las trece ganadoras-, pero dicha escalada en la Bolsa de Londres terminó en junio, cuando se confirmó que la cantidad de petróleo encontrada no cubría el costo de la operación. En ese mismo mes Lasmo International se convirtió en la segunda empresa petrolera que perforó la plataforma de Malvinas pero tuvo que retirarse sin éxito a poco de empezar.
La búsqueda de petróleo por parte de los isleños terminó hacia fines del `98 debido a que los hallazgos eran escasos y por ello poco rentables. En 1998 se habían perforado en total seis pozos. El gobierno isleño informó que la exploración había sido un éxito, aunque ninguno de los pozos era comercialmente rentable. A puertas cerradas el Consejo Malvinense manifestó su preocupación, aunque pronto la economía comenzó a beneficiarse con los ingresos en concepto de tasa de embarque que los cruceros abonan en Puerto Argentino -y cabe destacar que cada vez son mas las empresas que fondean en las Islas-.
Según la diplomacia argentina, la gira de Menem durante fines del ´98 -para algunos con fines electoralistas, ya que el entonces presidente quería convertirse en el primer jefe de Estado argentino en poner la disputa sobre la mesa- fue posible gracias al Paraguas de Soberanía (diálogo bilateral excluyendo el tema Soberanía en Malvinas), el incremento de las relaciones comerciales, la llegada al poder de los laboristas -tras años de hegemonía conservadora- y las negociaciones reservadas por diplomáticos argentinos y británicos en París que buscaban anunciar una serie de acuerdos sobre petróleo, pesca, transporte y comunicaciones (cabe señalar que París no era el lugar donde oficialmente debían realizarse las reuniones en las que intervenían funcionarios por lo general ajenos a la relación bilateral). Menem necesitaba un logro aunque sea simbólico hacia fines de su mandato y el entendimiento petrolero firmado en Nueva York en 1995 no había dado frutos.
Desde la oposición el entonces diputado socialista del Frepaso Dante Caputo criticó el carácter secreto de las reuniones en París. Por su parte el diputado frepasista Carlos Raimundi, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, advirtió sobre el peligro que conllevarían las concesiones en materia de recursos naturales, esenciales para la soberanía. La oposición en general sostenía que la idea del Paraguas de Soberanía era una fórmula transitoria, necesaria para restaurar las relaciones diplomáticas interrumpidas por la guerra; pero que de ninguna manera podía convertirse en si misma en el fundamento de la política exterior argentina. La inacción frente al llamado a licitación unilateral era concebido como un grave error ya que el desacuerdo argentino hubiese restado seguridad jurídica a la inversión privada desalentándola. Por otro lado, dos leyes chocaban contra posibles acuerdos sobre petróleo: la ley Eduardo Menem, y la ley de hidrocarburos, cuyo sistema de regalías debía ser modificado por el Congreso. Queda claro que Argentina declamaba soberanía, mientras que Gran Bretaña la ejercía a través de los kelpers. Todos los avances diplomáticos tuvieron el costo de mantener congelada cualquier discusión respecto de Malvinas mientras Gran Bretaña ampliaba su control sobre las aguas en Georgias y su respaldo económico y asistencia militar a las islas -en marzo de 1998 una compañía de Gurkas llegaron a la base de las Islas para entrenarse durante cuatro meses-. También Carlos Becerra, Vicepresidente del Bloque de diputados nacionales de la UCR, criticó los constantes atropellos y elusiones al Congreso de la política exterior planteada por Di Tella.
Alianza
En relación a Malvinas lo primero que se propuso la Alianza al llegar a la Casa Rosada fue desterrar la "política de seducción". Sólo trataría con Londres. Nada de libros de Winnie Pooh ni hacer de las islas un Estado Libre Asociado. Además, se la reintrodujo del tema en los debates de la Asamblea General de la ONU -no se trataba desde 1989-. Sin embargo, la gestión Di Tella había dejado dos acuerdos bilaterales: la cooperación bilateral respecto de la exploración/explotación del petróleo (Nueva York, 1995; cuestionado por el radicalismo primero y posteriormente por la Alianza en 1998); y la reanudación de las comunicaciones entre las islas y el continente (14 de julio de 1999).
Sin embargo en el año 2000 fue testigo de los preparativos para una segunda ronda de exploración en la zona licitada unilateralmente por los isleños. Ante esto, los técnicos de nuestra Cancillería plantearon "divergencias de interpretación" respecto del acuerdo petrolero bilateral de 1995. Así congelaron "institucionalmente" el convenio denunciado en 1998.
El gobierno isleño, a pesar del acuerdo con Londres, entregó unilateralmente diez licencias petroleras sin ninguna consulta previa con la Argentina en 2002. La explotación se realizaría en aguas reclamadas por nuestro país mediante el sistema denominado "Open Door", que permite a las compañías petroleras acceder a áreas de exploración y explotación petrolera obviando un proceso licitatorio.
Kirchner
Los analistas coinciden en señalar el paso desde la seducción al endurecimiento en cuanto al tema Malvinas. La dureza de la posición argentina se notó en el planteo directo que el presidente hiciera al primer ministro Blair respecto de la soberanía de las islas -algo impensado años atrás-; o en el intenso intercambio verbal que en junio de 2005 protagonizaron el canciller Bielsa y dos representantes del gobierno kelper en el Comité Especial de Descolonización de la ONU. Bielsa planteó en el Comité de Descolonización de la ONU que la soberanía de Malvinas es irrenunciable para la Argentina, y reclamó reanudar las negociaciones con Gran Bretaña sin participación de los isleños (según la Resolución N° 2065/65 de la Asamblea General de la ONU).
Por otro lado, a principios de 2005 el Instituto Buenos Aires de Planeamiento Estratégico (IBAPE) detectó que en un anexo del Tratado Constitucional de la Unión Europea -firmado el 29 de octubre de 2004- se incluyó a las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur (junto al "Territorio Antártico Británico"), en calidad de "países y territorios de ultramar" de la UE. La denuncia llegó justo en el momento en que nuestra cancillería pretendía bajar el perfil de la cuestión soberana en la opinión pública. El silencio quizá se debía a que dicha Constitución carecía de la ratificación por parte de sus miembros, y además buscaba lograr vuelos directos a las islas. El propio canciller Bielsa expresó de manera pública el malestar que esto producía. Aunque aclaró que no se buscaba una "escalada verbal con Gran Bretaña". En tanto la Comisión Europea (CE, órgano ejecutivo de la UE) desestimó la denuncia argentina al señalar que la lista de "territorios de ultramar y no europeos" fue transcripta desde tratados internacionales previos a la misma Constitución, por lo tanto nada de lo expuesto sería novedad para ninguna de las partes; postura que no compartió el canciller Bielsa. Varios diputados -Jorge Argüello, Miguel Bonasso, etc.- manifestaron su condena al hecho, en tanto que muchos radicales (liderados por Mario Losada) y el socialista Rubén Giustiniani cuestionaron severamente el desenvolvimiento del gobierno respecto a Malvinas. La oposición recriminaba al cuerpo diplomático argentino -con embajadores en todos los países de la Unión y ante el propio organismo- una falta grave: no haber denunciado el contenido de la Constitución Europea antes de que el debate estallara en los medios. En el Senado a su vez el bloque radical presentó un proyecto de resolución pidiendo que el Congreso en conjunto manifieste su rechazo. Finalmente ambas cámaras presentaron sendos proyectos de rechazo a la inclusión de las islas Malvinas en la Constitución Europea en mayo de 2005 tras un debate intenso teñido por la puja por posiciones en la política interna, según palabras del senador Eduardo Menem. Mientras tanto en la cumbre de Brasilia -mayo de 2005- se obtenían dos declaraciones: una referida a la invitación a las partes a solucionar por la vía pacífica la soberanía de las Islas; la otra en la que se condenaba la inclusión de las mismas en la Constitución UE.
En junio de 2006 la Argentina presentó -una tradición ya institucionalizada- su reclamo sobre la soberanía de las islas Malvinas ante el Comité de Descolonización de la ONU. En esa ocasión el canciller Jorge Taiana señaló que Malvinas es un asunto de integridad territorial y no de autodeterminación de los pueblos; condenó la negativa del Reino Unido a sentarse a negociar la soberanía de las islas, los "actos unilaterales" respecto a la exploración de hidrocarburos y pesca (respecto de la extensión unilateral de las licencias sostuvo que el agua que rodea las islas es argentina), la presencia militar en el área disputada y la imposibilidad de tener un régimen de vuelos aéreos frecuentes (Si Londres no permitía que una aerolínea argentina volara desde el continente a las islas Argentina no autorizaría el uso del propio espacio aéreo por parte de los vuelos que despegan desde Punta Arenas -Chile-). Respecto de los hidrocarburos las perspectivas en comparación a los ´90 habían cambiado puesto que con un precio por barril de crudo mas alto las cantidades del subsuelo de Malvinas se hacían rentables. Sólo en 2005 nuestro país presentó 15 notas de protesta denunciando los actos unilaterales británicos.
A fines de marzo de 2007 la administración Kirchner denunció el acuerdo bilateral destinado a la explotación conjunta de zonas petroleras en la cuenca Malvinas. Así, argumentando el fracaso de la iniciativa iniciada por la administración Menem, nuestro país canceló las tratativas al respecto.
Por otro lado en septiembre de 2007 el diario inglés The Guardian publicó las pretensiones británicas de ampliar su dominio alrededor de las Islas Malvinas a 350 millas alrededor del archipiélago, 150 millas más que la actual y unilateral zona de exclusión.
La presentación se haría ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas. Gran Bretaña busca ampliar sus áreas en el Atlántico Sur y así tener márgenes para explotar petróleo y gas frente a la escasez mundial de energía. El apuro británico es para cumplir con un vencimiento establecido para mayo del 2009 para registrar intereses territoriales ante la ONU. El reclamo británico se produjo después de que Rusia plantara su bandera sorpresivamente debajo del Polo Norte en junio de 2007, reivindicando el gas y el petróleo de la región, en plena crisis diplomática con Gran Bretaña por la muerte de un ex espía ruso envenenado en Londres.
Todo esto sin contar que la Constitución Europea firmada el 29 de octubre de 2004 en Roma estableció, en un anexo, que tanto las Islas Malvinas, como los territorios antárticos reclamados por el Reino Unido y por Francia, forman parte de los "países y territorios de ultramar" de la Unión Europea. Más, aquella Constitución no tuvo éxito entre los europeos por lo que no entró en vigencia, provocando una crisis institucional muy profunda: fue entonces cuando para sostener la marcha del proceso unificatorio se instauró el Tratado de Lisboa -firmado el 13 de diciembre de 2007- que, a fuerza de originalidad, incluye como su antecesora a partes de nuestro suelo nacional en la lista de países y territorios a los que se aplica el régimen de "Asociación de los Países y Territorios de Ultramar"´ extendiendo la ley europea hasta estas latitudes. En ambas oportunidades la Cancillería desestimó la inclusión de las Islas hecha por Gran Bretaña y reiteró nuestra "irrenunciable e indeclinable" soberanía sobre esos territorios.